PNV, EA, Batasuna, IU-EB, Batzarre, el Gobierno de la CAV y Udalbiltza rechazan la decisión de Garzón.
Información publicada en GARA el 16 de enero de 2002.

Fuerzas políticas vascas se suman a la denuncia

Observan un evidente impulso político en la citación de la Audiencia Nacional

El portavoz del EBB, Joseba Egibar, manifestó a GARA que la citación, «además de suponer un despropósito mayúsculo, es un insulto». Recordó que incluso el propio Garzón, «hace escasamente un año, resolvió diciendo que no es delito el haber realizado esa entrevista. El hecho de que ahora se hayan vuelto a remover aquellas aguas hay que situarlo en una estrategia político-judicial del PP que termina por romper todas las costuras del Estado de Derecho».

El dirigente del PNV consideró que «arrollan con todo desde el cálculo de que los costes están descontados» y, en esa línea, indicó que «se está extendiendo, a conveniencia, el círculo del delito. No importan las formas, las garantías y los derechos que se cuestionen, en este caso el derecho a la información o la libertad de expresión, si se consigue el objetivo de la incriminación».

Pese a calificar como «grave» el hecho de que no se observe el final de esa estrategia, para Egibar lo peor de todo es que «el denominado Estado de Derecho no demuestra tener resortes para evitar y cortar de raíz semejantes despropósitos, que tienen un marcado impulso político».

El coordinador de la Mesa Nacional, Joseba Permach, significó que esta actuación forma parte de «una larga cadena de agresiones al euskara, la educación o la cultura vasca», lo que muestra «la vascofobia y el talante antidemocrático del Gobierno de Madrid». Esta reflexión la hizo extensible a las actuaciones contra el periodista de Ttipi-Ttapa Telebista Jon Abril y la revista "Ekaitza".

«Estamos, en definitiva, ante absurdos jurídicos que en el Estado español tienen una razón de ser: un Gobierno y una estrategia fascista de aniquilación del pueblo vasco», añadió.

Eusko Alkartasuna mostró, mediante una nota de prensa, su «rechazo absoluto» ante una citación que calificó de «nuevo estrambote jurídico que revela la existencia de un claro impulso político y pone en tela de juicio la calidad política del propio Estado de Derecho». Aña- dió, además, que «constituye una vuelta de tuerca más en la estrategia de recorte de las libertades emprendida por el Gobierno de Aznar bajo la coartada de la violencia de ETA».

Indicó que «este nuevo episodio no hace sino reforzar nuestra convicción política y moral sobre la existencia de una grave injerencia del poder ejecutivo en el sistema judicial del Estado español». Destacó que la imputación de Aizpurua y Otamendi, a los que mostró su solidaridad, «es un injustificable ataque a la libertad de expresión y de prensa», y se preguntó «por qué no se ha actuado en otras ocasiones en que otros medios de comunicación han realizado» entrevistas similares.

Por su parte, el parlamentario de IU-EB en Gasteiz Oskar Matute aseguró a este diario que «es una muestra del abuso de poder que ejerce el PP y de que la separación de poderes cada vez es más difusa», y defendió «la aplicación del Estado de Derecho y la profundización en la democracia para hacer frente a la violencia, pero sin atajos».

Precisó que «los únicos responsables de las declaraciones de la entrevista son los que responden, no los que preguntan».

Desde Batzarre, Txema Mauleón afirmó que las acusaciones vertidas contra Aizpurua y Otamendi son «un atentado a la inteligencia, al Estado de Derecho y a la libertad de informa- ción», y observó que en la actuación de Garzón «subyace la molestia que les genera las respectivas líneas editoriales de ambos medios».

Tras mostrar su solidaridad con ambos periodistas y exigir el archivo de las diligencias, afirmó que «pretender defenderse de los que ''atentan contra el Estado de Derecho'' atentando contra dicho Estado de Derecho, además de ser rechazable, contribuye a un mayor enquistamiento de los conflictos».

PP y PSE declinaron valorar la decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional.

Lakua habla de «esperpento» y Udalbiltza se solidariza

C.D.-M.J. | GASTEIZ

El Ejecutivo de Lakua y Udalbiltza también criticaron con dureza la decisión de Baltasar Garzón. El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social de Lakua, Joseba Azkarraga, fue el primero en ofrecer de motu propio su valoración de la misma, que calificó de «esperpéntica». Se preguntó «a dónde nos quieren llevar con esta serie de recortes a la democracia, a la libertad de expresión y con la criminalización de las ideas y voluntad de un pueblo».

Subrayó que «quien pregunta no delinque» y aseguró que ETA «no está pendiente de unas líneas publicadas en la prensa para decidir sus criminales actuaciones, como tampoco lo están los terroristas árabes recientemente entrevistados por periódicos estatales». Manifestó que «creer en la libertad de expresión significa no condicionarla a la ideología de cada cual».

Recordó que autores de anteriores entrevistas a ETA o a los GAL «no tuvieron que responder ante la Justicia», e inquirió a Baltasar Garzón y José María Aznar si piensan que «todos los vascos somos culpables mientras no se demuestre lo contrario».

Posteriormente, el portavoz de Lakua, Josu Jon Imaz, se refirió también a la citación en una rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Gobierno. A preguntas de los periodistas, dijo que el Gabinete Ibarretxe «va a seguir con atención el caso» y abogó por defender el derecho a la información y a la libertad de prensa.

Cuando GARA le inquirió si observaba impulso político en la iniciativa, respondió que «el Gobierno no quiere entrar en otras valoraciones. El Gobierno siempre respetará las decisiones judiciales».

Por su parte, el representante de la Comisión Ejecutiva de Udalbiltza Lander Etxebarria declaró a este diario que, «una vez más, se ha demostrado que quieren imponer un modelo de Estado para que se conculquen los derechos de los ciudadanos vascos. El Estado está dispuesto a hacer uso de todos los medios a su alcance para lograr ese fin».

Ante ello, destacó que las instituciones vascas «tenemos una responsabilidad, la de proteger los derechos de los ciudadanos de este país». Asimismo, mostró su solidaridad con Aizpurua y Otamendi.